El ejecutivo ha rechazado de pleno la propuesta y replica que ese documento estimularía a las mafias que trafican con personas y convertiría a esos extranjeros en “residentes”, a continuación de los cual detalla en una lista los mecanismos legales por los que un extranjero puede regularizar su situación en España.
El Defensor cree que el Gobierno se equivoca y pide que “evalúe de nuevo el problema” y lo reconsidere. Esta institución considera que lo que se pretende es “salvaguardar la dignidad de las personas” y que la propuesta ha sido mal interpretada por el Gobierno, ya que lo único que pretende es sacar de la marginalidad a esas personas inmigrantes. Ya en 2006 el Ministro de Trabajo se comprometió a poner en marcha medidas que afrontasen esta situación, pero parece ser que no ha encontrado ninguna válida.
